04/06/14
Casilda debate la muerte de un menor en la alcaidía
El fallecimiento de un joven de 16 años de San José de la Esquina puso al descubierto la falta de ámbitos para la resocialización
Un joven de 16 años oriundo de San José de la Esquina fue hallado sin vida en el pabellón de menores de la alcaidía de la Unidad Regional IV de Policía del departamento Caseros, con asiento en Casilda. Si bien aún se desconocen los resultados de la autopsia, todo indica que se trató de una muerte natural ya que el cuerpo no tenía signos de violencia y tampoco se halló ningún elemento que aliente la posibilidad de un suicidio u homicidio.
El episodio, que se produjo el domingo pasadas las 15 pero recién trascendió ayer, se suma a un hecho similar ocurrido días atrás en el penal de Casildadon de un preso mayor de edad, que aparentemente se quitó la vida, fue encontrado ahorcado con una sábana atada a un barrote de su celda. Claro que este nuevo caso generó mayor repercusión social al tratarse de la muerte de un joven, lo que reavivó el debate sobre el papel del Estado en cuanto a la resocialización de los menores en conflicto con la ley penal.
Alejandro Juárez, yacía en el piso cuando los guardias ingresaron a su celda tras escuchar un fuerte ruido que, luego comprobaron, había sido el impacto de su cuerpo al desplomarse contra el suelo.
Si bien fue convocado un equipo de emergencia para intentar reanimarlo, el menor ya estaba sin vida, lo que fue constatado por la médica forense. Tras ser puesta en conocimiento del desenlace la jueza de menores de Casilda, Cristina Pecoraro, ordenó trasladar el cuerpo al Instituto Médico Legal de Rosario para su autopsia.
Si bien el chico compartía su lugar con otro interno, al momento de ocurrido el hecho estaba solo ya que su compañero de celda goza del beneficio de salidas transitorias los fines de semana.
Fuentes consultados por la Capital indicaron que el menor, según se desprendería de las inspecciones realizadas, "había preparado todo para tomar mate cuando al parecer se descompuso y luego murió sin ni siquiera poder pedir ayuda", aunque no surgieron mayores detalles. En la requisa de rutina previa al suceso no se había reportado ningún problema, lo que acentuó aún más el impacto que produjo la muerte.
Alejandro estaba privado de su libertad por un delictivo de robo y otro por tenencia de arma de guerra desde el 20 de mayo tras ser detenido, orden de captura mediante, mientras esperaba en una garita un colectivo con destino a la provincia de Córdoba aparentemente con intenciones de fugarse. Una vez indagado la magistrada interviniente dispuso la detención del menor, quien además también tenía el antecedente de haber cometido otro delito grave cuando tenía menos de 16 años de edad y por lo cual era no punible.
La jueza admitió ayer que su voluntad no era privar al menor de su libertad pero las circunstancias la llevaron a hacerlo al "no haber en todo el departamento Caseros ningún centro de día para brindarle educación, asistencia y contención psicológica que le garantizara una inserción social", dijo.
"La situación de que, ante la falta de tal espacio de contención, no me quedaba otra opción que alojarlo en la alcaidía de menores se la comuniqué a él, a sus padres y al defensor", puntualizó Pecoraro para luego recordar que "ese mismo día" se reunió con la asistente social del Juzgado de Menores "a fin de elaborar un plan socioeducativo destinado al menor para ser desarrollado en Casilda ante la imposibilidad de hacerlo en su pueblo no sólo por cuestiones de distancia, sino porque la comuna de San José de la Esquina tampoco cuenta con los medios para la inserción planteada".
"Cuando la semana pasada —agregó la jueza— fue apelada la detención por el defensor, una de las razones por las que la fiscal acompañó mi medida es porque ya estaba comprometida la instrumentación del ese plan socioeducativo para que el menor estudie, haga deportes y otras actividades, y luego vuelva al pabellón de menores al no haber disponible ningún centro de día en la zona".
En 10 días, no. Pecoraro dijo que "en 10 días el Poder Judicial no puede resolver lo que no hicieron por ese menor en 16 años", y sostuvo que el Estado "tampoco da a los jueces de menores las herramientas suficientes para tratar esta problemática desde la importancia que la especialidad requiere".
La jueza, que fue noticia en ocasión anteriores por adoptar medidas de inclusión social en favor de menores con problemas penales, sostuvo que "un joven no puede ser reinsertado, resocializado ni reeducado cuando nunca fue insertado, socializado y educado en la sociedad, razón por la cual mi tarea de juez es apuntar a ello como tenía previsto hacerlo a partir del plan de socioeducación destinada a él", pero nunca pudo recibirlo por su inesperada muerte.
