La jornada comenzó con el alegato del abogado de Carlos Pérez Parga, Carlos De Cesare, que además de plantear varias nulidades presentó dos hipótesis sobre la carga de la droga que difieren notablemente de la acusación de la fiscal y de la querella.
Por un lado, planteó que la droga pudo cargarse camino al puerto de Buenos Aires y como prueba presentó que la hoja de ruta de los camiones fue diferente de la denunciada ante la AFIP y que uno de los camioneros tenía precintos como el usado en el contenedor.
A la vez señaló que dos contenedores esperaron 30 días en el puerto de Buenos Aires cuando en los papeles figuraba como puestos a bordo. Al tiempo que cuando ingresaron al puerto fueron escaneados sin encontrar elementos sospechosos.
De esta manera puso en duda que el delito se consolidó en la planta de Quitilipi que usaba la empresa Carbón Vegetal del Litoral, donde trabajaba gran parte de los imputados, entre ellos su defendido.
Reiteró que Pérez Parga sólo era un amigo del Jorge Rodríguez, dueño de la empresa, y que siempre lo acompañó para asesorarlo sobre comercio exterior. A la vez que admitió que su defendido estuvo en el Chaco para ayudar a la empresa.
También denunció que Pérez Parga durante la instrucción de la causa estuvo en una situación de indefensión dado que su anterior abogado trabajaba en connivencia con la exdefensora de Patricio Gorosito, Nora Rey, que hace pocas semanas se retiró del juicio.
En realidad el otro defensor de Gorosito, Silvio Piorno, denunció que su cliente mantuvo una reunión con los fiscales junto con Rey y durante la misma le habrían ofrecido una rebaja en la condena a cambio de que acusara a Carlos Salvatore, acusado de ser cabeza de la organización. Si bien la denuncia no prosperó porque el tribunal consideró que la misma es extemporánea la abogada terminó renunciando.
De Cesare agregó que por un lado la acusación contra Pérez Parga no es concreta y además denunció que se aplicó durante la investigación un artículo de la ley de drogas, que permite actuar en todo el país, que no corresponde usarlo para el delito de contrabando.
Seguido determinó que el fiscal acusó a los aduaneros de complicidad y por lo tanto su defendido no debe responder como coautor de contrabando agravado dado que no se buscó burlar el control del organismo.
Por otra parte, el segundo en alegar fue el abogado de Carlos Salvatore, Luis Sasso, aseguró que tanto Prodan como Di Renzo mintieron en la declaración prestada en Portugal y anticipó que Claudio Lifschitz, codefensor, hoy explicará porque aseguran que faltaron a la verdad los dos imputados en Europa.
Por otra parte, Sasso, al igual que el resto de los abogados, atacó el requerimiento del fiscal de instrucción y denunció que en realidad la jueza Zunilda Niremperger se arrogó facultades que no le corresponden.
A su vez mencionó que se evidenció que tanto en la instrucción como en el juicio se buscó claramente perjudicar a Salvatore usando a los otros imputados pero los fiscales no pudieron llegar a un trato con Gorosito.
