En esa resolución, el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptaba restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgaba el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.
"En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", concluyó el Presidente.
El 8 de junio, el Presidente anunció la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en cesación de pagos.
Un día después se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 en el Boletín Oficial, que estableció la intervención, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores.
Tres días más tarde, Fernández recibió a los directivos de la empresa Vicentin, y luego aceptó "una propuesta superadora" para el rescate de la empresa que fue aportado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
Se trataba de un proyecto mediante el cual la provincia, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, le solicitó a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la "conformación de un Órgano de Intervención" durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.
Ese mismo día, Lorenzini aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.
El juez, a la vez, se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el Gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.
Sin embargo, las negociaciones entre los acreedores, los integrantes de la empresa y la Provincia de Santa Fe para la creación de un fideicomiso que permitiera contratar la "alternativa superadora" presentada por Perotti.
Fuente: Télam