22/11/25
A 76 años del decreto de gratuidad universitaria
El Decreto 29.337, firmado por Juan Domingo Perón en 1949, marcó un hito en la historia educativa argentina: estableció la gratuidad de los estudios universitarios. Aunque este principio alcanzó jerarquía constitucional recién en 1994, durante casi cinco décadas atravesó etapas de aplicación, eliminación y restitución en medio de dictaduras y gobiernos democráticos. Aquella decisión, que transformó para siempre la vida política, social y cultural del país, cobra hoy un valor particular en un contexto de fuertes tensiones entre la Nación y las universidades públicas, que reclaman recursos no solo para cumplir sus funciones esenciales sino, en muchos casos, para garantizar su propia supervivencia. Recordar esta política pública es recuperar un momento clave de la movilidad social ascendente en la Argentina.
En 1949, las universidades existentes —Buenos Aires, Cuyo, La Plata, Tucumán y Litoral— eran todas públicas, pero aranceladas. Perón, que había asumido en 1946, impulsó la gratuidad en el marco del Primer Plan Quinquenal (1947-1951) y de la reforma constitucional de ese mismo año.
Con motivo del 70° aniversario del decreto, el Consejo Interuniversitario Nacional publicó una plataforma que sintetiza su significado histórico: “En 1949, producto de la organización de un nuevo Estado social de derecho y planificador, se estableció la gratuidad universitaria y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Ese mismo año se fundó el Ministerio de Educación de la Nación. Finalmente, la gratuidad de la universidad se alcanzó con el Decreto Presidencial N° 29.337 del 22 de noviembre de 1949. Un aspecto fundamental es que se comprometió al Estado nacional a dotar a las universidades de los recursos necesarios para alcanzar dicho objetivo”.
La Argentina contaba, además, con un antecedente decisivo: la Reforma Universitaria de 1918, que había consagrado la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra. Aquel espíritu reformista, impulsado por el movimiento estudiantil, convivió con tensiones respecto del primer gobierno peronista, acusado por sectores universitarios de intervenir en la vida académica con fines proselitistas.
Durante esa misma etapa, en 1948, se creó la Universidad Obrera Nacional —actual Universidad Tecnológica Nacional—, expresión del proyecto justicialista de formación técnica y profesional orientada a los trabajadores y al desarrollo nacional. La gratuidad se consolidó luego por ley en 1954 con la sanción de la Ley Orgánica de Universidades.
El impacto de la medida fue inmediato: mientras en 1950 el sistema universitario contaba con poco más de 80 mil estudiantes, en 1955 la cifra superaba los 138 mil, lo que representó un crecimiento del 72%.
Tras el golpe de 1955, los aranceles fueron restablecidos, aunque la matrícula continuó expandiéndose. Paralelamente, cientos de docentes vinculados al peronismo fueron despedidos o detenidos, y el Plan Conintes profundizó la persecución ideológica iniciada por la autodenominada “Revolución Libertadora”. Más tarde, la dictadura de Onganía anuló la autonomía universitaria y detuvo el proceso de modernización científica.
En 1973, durante el breve retorno del peronismo al poder previo al inicio del terrorismo de Estado, los aranceles fueron nuevamente eliminados. Pero el mayor desmantelamiento llegó con la dictadura iniciada en 1976: además de reimplantar los aranceles, la represión tuvo entre sus blancos principales a los estudiantes universitarios. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, los 40.825 ingresantes de 1974 se redujeron a apenas 13.312 en 1977, fenómeno que se replicó en todo el país.
Con el regreso de la democracia en 1983, la gratuidad volvió a restituirse definitivamente, y el acceso a la universidad pública recuperó su lugar central en la vida cultural argentina. Desde entonces, constituye uno de los pilares más sólidos de la educación y de la identidad social del país.
