28/04/26
Imputan a once gendarmes por vender hojas de coca incautada en el peaje de General Lagos
La Justicia federal imputó a once gendarmes del Escuadrón 46 de Seguridad Vial Arroyo Seco por integrar una presunta asociación ilícita dedicada a apropiarse de cargamentos de hojas de coca decomisados en controles sobre la autopista a Buenos Aires, a la altura del peaje General Lagos, para luego comercializarlos. En la causa también fue acusada una mujer señalada como compradora de parte de la mercadería.
Las imputaciones fueron formalizadas ante el juez federal de garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, en una audiencia en la que los fiscales Franco Benetti y Matías Mené detallaron las pruebas reunidas y solicitaron medidas cautelares.
Según la acusación, los agentes se apropiaron de al menos doce cargamentos —que totalizan 1.144 kilos de hojas de coca— entre enero y mayo de 2025. Por estos hechos fueron imputados como coautores de asociación ilícita, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando, al no haber denunciado los procedimientos pese a su obligación como funcionarios públicos. También se les atribuye haber recibido pagos ilegales.
Entre los acusados se encuentra Enzo Gastón N.V., señalado con un rol central en la organización. De acuerdo con la investigación, era quien coordinaba la recepción de la mercadería, fijaba precios y la redistribuía a compradores. Su detención, el 5 de mayo de 2025 mientras transportaba 180 kilos de hojas de coca, dio origen a la causa.
Los fiscales describieron el funcionamiento de una “comunidad delictiva” con división de tareas: varios gendarmes obtenían los cargamentos en controles vehiculares y los entregaban a N.V., quien luego los comercializaba. En ese circuito aparece una mujer —cuya identidad no fue difundida— acusada de adquirir al menos siete cargamentos, por un total de 527 kilos.
Durante allanamientos realizados en mayo del año pasado, en el domicilio de esta mujer se secuestraron ocho bolsones con 22 kilos de hojas cada uno. Fue imputada por encubrimiento de contrabando por adquisición de mercadería de origen ilícito.
La investigación reconstruyó múltiples maniobras con un mismo patrón: los agentes incautaban la mercadería, omitían reportarla oficialmente y la desviaban para su venta. En algunos casos, los pagos se realizaban en efectivo y en otros mediante transferencias bancarias, con montos que alcanzaban varios millones de pesos por operación.
Los imputados permanecen en libertad, pero deben cumplir reglas de conducta: no entorpecer la investigación, presentarse periódicamente ante la Justicia y no salir del país sin autorización. Además, se dispusieron embargos sobre sus bienes e inhibiciones generales por sumas que van desde los 8 hasta los 293 millones de pesos.
Entre las principales evidencias, la fiscalía presentó informes de Asuntos Internos, registros de conformación de patrullas y peritajes sobre teléfonos celulares secuestrados, que permitieron reconstruir la operatoria y los vínculos entre los involucrados.
