05/08/26
Ley de propiedad privada: el oficialismo dio de baja el capítulo de venta de tierras a extranjeros
Antes del debate previsto para este jueves en el Senado, el Gobierno nacional resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía modificar la Ley de Tierras, con el objetivo de evitar una derrota legislativa. No obstante, la iniciativa mantiene la mayor parte de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo y continúa despertando cuestionamientos por parte de distintos sectores.
Si bien la discusión pública se concentró en la posibilidad de ampliar la participación extranjera en la compra de tierras, el proyecto también introduce cambios en materia de desalojos, expropiaciones, protección de terrenos afectados por incendios, regularización de viviendas y registros inmobiliarios. Según el Gobierno, las modificaciones buscan fortalecer el derecho de propiedad y reducir la intervención estatal.
Desalojos con procesos más ágiles
Entre las reformas más relevantes se encuentra la agilización de los procesos judiciales para recuperar inmuebles. La propuesta establece un procedimiento más rápido y habilita, en determinados casos, que un juez ordene la restitución del bien antes de que concluya el juicio si considera suficientemente acreditado el derecho del propietario.
Quienes cuestionan la iniciativa sostienen que esta medida podría reducir las posibilidades de defensa de inquilinos y ocupantes. El texto incorpora algunas garantías para familias con niños, adultos mayores y personas con discapacidad, aunque mantiene el objetivo de acelerar los desalojos.
Cambios en la protección de tierras incendiadas
El proyecto también modifica la Ley de Manejo del Fuego. La legislación vigente prohíbe durante largos períodos el cambio de uso de los terrenos afectados por incendios para evitar que sean quemados de manera intencional con fines inmobiliarios, turísticos o productivos.
La reforma reduce esas restricciones y limita la protección a un universo más acotado de terrenos. Para el Ejecutivo, el objetivo es facilitar futuros desarrollos en esas áreas, mientras que sus detractores advierten que se debilita una herramienta creada para desalentar incendios provocados.
Nuevas condiciones para las expropiaciones
Otro de los puntos centrales modifica el régimen de expropiaciones. Actualmente, el Estado puede adquirir un inmueble por razones de utilidad pública mediante el pago de una indemnización equivalente al valor de la propiedad.
La propuesta incorpora nuevos requisitos y amplía la compensación económica, permitiendo que incluya también el denominado "lucro cesante", es decir, las ganancias que el propietario sostiene haber dejado de percibir.
De acuerdo con especialistas críticos de la iniciativa, estos cambios podrían encarecer las expropiaciones y dificultar la ejecución de obras públicas, como rutas, hospitales o escuelas, al incrementar los costos que debería afrontar el Estado.
El Gobierno sostiene que el proyecto fortalece la protección del derecho de propiedad y brinda mayores garantías a los propietarios. En cambio, quienes se oponen consideran que las modificaciones podrían obstaculizar la inversión pública y demorar la concreción de obras de infraestructura de interés social.
