04/09/26
Desde este sábado rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambia en Santa Fe
A partir de este sábado comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece en 14 años la edad mínima de imputabilidad. De esta manera, los adolescentes que hayan cumplido esa edad al momento de cometer un delito podrán ser sometidos a un proceso penal bajo un régimen específico para personas menores de 18 años.
La medida está contemplada en la Ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. En Santa Fe, y especialmente en Rosario, su implementación se articulará con el Código Procesal Penal Juvenil aprobado por la provincia en 2023.
Santa Fe ya cuenta con una estructura de Justicia Penal Juvenil y con establecimientos destinados al alojamiento de adolescentes. El nuevo escenario implica ahora adaptar esos recursos al régimen nacional y determinar, en cada caso, qué respuesta corresponde.
La normativa no establece que todos los adolescentes imputados por un delito deban ser privados de su libertad. Por el contrario, contempla distintas medidas y reserva el encierro para determinadas situaciones, de acuerdo con la gravedad del hecho y las circunstancias particulares de cada caso.
Tres niveles para las medidas privativas de libertad
Cuando la Justicia determine que corresponde una medida de privación de la libertad, Santa Fe aplicará un sistema escalonado.
El primer nivel será el arresto o prisión domiciliaria, con controles específicos y la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos de monitoreo. Se trata de la alternativa de menor intensidad dentro de las medidas que restringen la libertad.
El segundo estará conformado por los Establecimientos de Puertas Abiertas, donde los adolescentes podrán permanecer alojados bajo un régimen institucional, aunque sin las características propias de una cárcel. El objetivo es garantizar el alojamiento, acompañamiento y cuidado por parte de personal civil.
El tercer nivel corresponderá a los casos de mayor gravedad y estará integrado por los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj). Son establecimientos de puertas cerradas y con mayores condiciones de seguridad.
El esquema busca diferenciar la respuesta según el delito cometido, evitando que un adolescente involucrado en un hecho de menor gravedad reciba el mismo tratamiento que otro acusado de un episodio violento o de extrema gravedad.
Qué medidas contempla la nueva normativa
El régimen alcanza a adolescentes desde los 14 años y hasta cumplir los 18, cuando sean imputados por delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.
Las respuestas deberán considerar las características del adolescente, las circunstancias del hecho y la gravedad del delito. Entre las medidas previstas aparecen las amonestaciones, la reparación del daño, las tareas comunitarias y las prohibiciones de contacto o acercamiento, entre otras alternativas orientadas a evitar el encierro cuando no resulte necesario.
Cuando la Justicia determine que corresponde una medida privativa de la libertad, deberá establecer cuál de los tres niveles resulta adecuado para cada situación.
Uno de los principios centrales es que los adolescentes no pueden ser alojados junto con personas adultas. Las medidas de privación de libertad deberán cumplirse en establecimientos especializados y bajo un régimen diferenciado.
La ley también establece un límite máximo de 15 años para las penas de prisión y excluye la posibilidad de aplicar prisión perpetua a personas adolescentes.
Santa Fe ya cuenta con parte de la estructura necesaria
La provincia llega a la entrada en vigencia del nuevo régimen con una legislación específica para adolescentes. Desde 2023 cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil y con una normativa de ejecución de penas que establece pautas para el alojamiento de personas menores de edad.
A esto se suman los institutos juveniles que funcionan actualmente en distintos puntos del territorio santafesino. Por ese motivo, la entrada en vigencia del régimen nacional no implica comenzar desde cero, sino adaptar la estructura existente al nuevo marco legal.
El principal desafío será garantizar que cada adolescente reciba una respuesta acorde con la gravedad del hecho, cumpla las medidas en establecimientos adecuados y permanezca bajo las condiciones establecidas por la legislación.
La normativa nacional, además, contempla que las provincias adecuen sus normas procesales y administrativas para garantizar su aplicación.
