22/10/26
Santa Fe: el Senado dio media sanción a la ley de protección frente a la violencia de género
La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, impulsado por el Gobierno provincial. La iniciativa obtuvo media sanción con el voto favorable de todos los legisladores presentes y ahora pasará a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
La votación se realizó con el quórum justo y contó con el acompañamiento de los senadores justicialistas Alcides Calvo y Rubén Pirola, quienes también realizaron aportes al texto durante el debate legislativo.
El proyecto fue elaborado por los ministerios provinciales de Igualdad y Desarrollo Humano, Justicia y Seguridad, y Gobierno e Innovación Pública. Su objetivo es fortalecer la prevención, la asistencia y el seguimiento de las situaciones de violencia por razones de género, mediante medidas de protección adaptadas a la gravedad de cada caso.
Cuatro niveles de riesgo y nuevas medidas de protección
Uno de los principales ejes de la propuesta es la implementación de un sistema de evaluación que clasificará las situaciones en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico.
Para determinar el riesgo se tendrán en cuenta distintos indicadores, como amenazas de muerte, separaciones recientes, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimiento de restricciones anteriores y llamados reiterados al 911.
En función de esa evaluación, la Justicia podrá disponer restricciones de acercamiento, exclusión del hogar, perímetros dinámicos, dispositivos de alerta y medidas específicas frente al hostigamiento digital.
En los casos de riesgo alto o crítico, el proyecto establece como regla general el monitoreo electrónico tanto de la víctima como del agresor, mediante dispositivos que permitan controlar el cumplimiento de las restricciones. Las excepciones deberán contar con una justificación judicial.
La iniciativa también contempla el retiro o secuestro preventivo de armas de fuego y la intervención de las autoridades competentes ante situaciones de mayor gravedad.
Otra herramienta prevista es el arresto conminatorio excepcional, de carácter temporal y procesal, que podrá ordenar la Justicia ante determinados incumplimientos de las medidas de protección. Estas conductas, además, serán consideradas para actualizar la evaluación del riesgo.
Denuncias simplificadas y asistencia integral
La propuesta busca facilitar el acceso a la protección estatal. Para ello, establece que las denuncias deberán recibirse en cualquier comisaría u organismo habilitado y que, ante situaciones urgentes, cualquier tribunal podrá intervenir.
Las medidas de protección tendrán vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado. También se garantiza la asistencia jurídica y se prohíbe recurrir a instancias de mediación o conciliación en estos casos.
En materia de coordinación institucional, el proyecto prevé la creación de un registro digital unificado que reúna información sobre denuncias, medidas judiciales e incumplimientos. El sistema permitirá compartir datos entre organismos estatales, con mecanismos destinados a resguardar la información personal.
Asimismo, se contempla la conformación de un equipo interdisciplinario especializado dentro del Ministerio Público de la Defensa, que tendrá a su cargo la evaluación de las situaciones, la elaboración de informes y el acompañamiento a las personas afectadas.
Protección para niños y adolescentes y asistencia de emergencia
El texto incorpora medidas específicas para proteger a niños, niñas y adolescentes expuestos indirectamente a situaciones de violencia de género.
También prevé la creación de un fondo de asistencia de emergencia para cubrir necesidades urgentes, como traslados, alojamiento temporal, cambios de cerraduras y otras medidas de seguridad en los hogares.
Por último, establece que el Estado deberá intervenir ante alertas de dispositivos electrónicos que hayan sido técnicamente validadas, sin exigir que la víctima confirme el pedido de asistencia.
Con la media sanción del Senado, la iniciativa continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatida para convertirse en ley.
